SUBTEL.... PARA NO OLVIDAR

Lily Pérez (RN) denuncia "millonarios" pagos por honorarios en Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Parlamentaria exhibió decretos del Ministerio de OO.PP. que otorgan $ 200 millones a 9 funcionarios de planta. Beneficiados habrían recibido "injustificadamente" tareas que podían ser hechas por el personal de planta o por ellos en sus funciones habituales.

Tras advertir que "sólo es un indicio de una mala práctica que continúa ocurriendo en una administración pública", la diputada RN Lily Pérez denunció "millonarios" pagos por honorarios en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Según los antecedentes entregados por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que se puso en contacto con la parlamentaria, habría una veintena de casos de personas que recibieron honorarios sin justificación.

Mostrando los decretos de cada uno de ellos, la diputada advirtió que los montos involucrados alcanzan a $ 199 millones 530 mil, entre octubre de 1999 y diciembre de 2001.

Destacó que la denuncia sólo alude a lo ocurrido en una de las dos subsecretarías, en un solo ministerio, en 18 meses, y que si se tiene en cuenta lo acreditado hasta comienzos del 2000 -durante la denuncia sobre honorarios que investigó la Cámara- "hay razones para suponer que la situación se extiende a otros organismos públicos". Por esto, dijo, remitió oficios a la Contraloría para investigar cuánto se extiende esa situación.

Añadió que la práctica de suplementar a personal de planta con honorarios parece mantenerse en una proporción importante, pese a las prevenciones realizadas en su momento por la Contraloría. Y recordó que hace dos años esa institución pidió recortar en 50 mil los puestos a honorarios, que se justificaran tales contrataciones y se acreditara si se realizaron los trabajos encomendados. "No se trata de terminar con la contratación a honorarios, porque son necesarios -aunque deben hacerse en un plazo de tres meses, para una tarea específica y con una rendición de cuentas- sino que se trata de favorecer una real modernización del Estado", manifestó.

Según la diputada, muchas de las tareas podrían haber sido realizadas por los mismos funcionarios en sus actividades contractuales normales. Y a algunos se les dieron responsabilidades pagadas en áreas en que no parecen debidamente calificados.

Entre los casos aportados por el denunciante, mencionó el del jefe de gabinete de la subsecretaría, "el egresado de Derecho" Fidel Enrique Canales, funcionario de planta grado 3. Como trabajo asignado en un decreto de abril del 2000, firmado por el subsecretario Christian Nicolai, figura la fiscalización de telecentros comunitarios, durante un año, por $ 11 millones 950 mil. El mismo recibió un aumento de casi $ 3 millones por sobre ese monto, en agosto de ese año, para efectuar esa tarea. El 2001, pagaron a Canales otros $ 22 millones por una asesoría legal para la adecuación de normas legales a Internet. Todo ello, al margen de su propio sueldo.

Mencionó también la situación del jefe de División de Concesiones, con grado 4 en la escala única de sueldos, Edgardo Mimica Miranda. Por proponer un marco técnico económico para "nuevos servicios de telecomunicaciones" y por asesorar en una tarea ambigua, que no especifica el decreto, recibió $ 22 millones entre octubre del 2000 y diciembre del 2001. Aunque es ingeniero civil, "no hay antecedentes de que sea especialista en telecomunicaciones".

En tanto, el técnico en administración de empresas Héctor Escobar Gárate, jefe de la División de Administración y Finanzas - grado 4 de la escala única- , por la labor de "revisar discursos y coordinación de actividades", en el mismo horario en que debiera desempeñar sus funciones habituales, recibió $ 9 millones 836 mil durante todo el año 2000, y otros $ 22 millones 250 mil durante el 2001.

El abogado Jaime Prado Berger, Jefe de la División Jurídica, también en grado 4, recibió $ 10 millones durante el año 2000 por el "desarrollo y creación del escenario jurídico adecuado para la acción de nuevos instrumentos regulatorios" de nuevos servicios de telecomunicaciones. Durante el 2001, recibió $ 21 millones 144 mil por el mismo concepto, es decir, "tareas relacionadas con su función profesional y pagadas al margen de su sueldo".

Lily Pérez mencionó que la denuncia del funcionario señala también pagos que benefician a otro abogado, dos ingenieros civiles industriales, un ingeniero civil eléctrico, un ingeniero comercial, un ingeniero civil electricista y un "licenciado en Ciencias de la Ingeniería", a los que mediante nueve decretos emitidos en diversos momentos se les asignaron funciones que podría cumplir la planta normal del organismo.

Concluyó que el compromiso anunciado por la Concertación hace dos años no se ha cumplido pues se mantienen situaciones en que se suplementan sueldos, existen incompatibilidades de cargos, ingresos de personas por razones políticas o asignación de responsabilidades a personas no idóneas.

"La Segunda" buscó una reacción del Subsecretario de Telecomunicaciones, Christian Nicolai. Sin embargo, sus asesores señalaron que se referirá a ella posteriormente, cuando reúna los antecedentes específicos.

Diario "La Segunda" - Jueves 21 de marzo de 2002

Pago de Honorarios

Lunes 25 de marzo de 2002

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Señor Director:

En relación con declaraciones formuladas por la diputada RN Lily Pérez (21-III), en las que hace referencia a supuestas irregularidades en el pago de honorarios y a una supuesta falta de idoneidad profesional de funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es necesario precisar lo siguiente:

1. Los contratos mencionados por la diputada fueron debidamente sometidos al control de legalidad de la Contraloría General de la República.

2. No es efectivo, como insinúa la diputada, que en esta Subsecretaría se pague, a persona alguna, dos veces por el mismo trabajo.

3. Lo aseverado por la diputada, en cuanto a la idoneidad de los funcionarios aludidos, demuestra desconocimiento e, independientemente de su intencionalidad, afecta injustamente la dignidad de estas personas, que constituye el principal activo que ellos tienen. Baste señalar que entre los cuatro funcionarios aludidos directamente hay un master en Políticas Públicas de Harvard, un doctor en Jurisprudencia y un candidato a magister en Derecho Público. Por otra parte, dos de los aludidos llevan más de cinco años como funcionarios destacados del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

4. El trabajo contratado ha sido realizado en forma efectiva en cada caso, tanto en su contenido y forma como en lo que se refiere a su oportunidad y calidad, lo que está debidamente avalado por los correspondientes informes u otros productos comprometidos en los contratos.

Subsecretaría de Telecomunicaciones

Honorarios en Subsecretaría

Miércoles 27 de marzo de 2002

Lily Pérez San Martín

Señor Director:

En respuesta a la carta (25-III) firmada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, me permito precisar:

Hay un reconocimiento expreso de que efectivamente se pagaron los honorarios cuestionados. Del mismo texto se desprende que las tareas asignadas pudieron haber sido ejecutadas por los mismos funcionarios de planta, evitándose así el pago. Hay que recordar que se trata de honorarios millonarios que fueron entregados sin concurso alguno, a los mismos funcionarios de planta que tienen categoría de Jefes de Servicio, y que por lo tanto cuentan con un buen nivel de remuneraciones.

La denuncia ha tenido por objeto dar mayor transparencia al sistema, solicitando que se otorguen estos honorarios a través de concursos públicos; y segundo, que se les dé prioridad a otros profesionales igualmente capacitados para cumplir eficientemente este tipo de labores. Esta acusación, sólo la punta del iceberg, fue citada como un ejemplo de una práctica habitual incorporada por la Concertación en todos y cada uno de sus ministerios, a pesar de que en su oportunidad fue el propio Gobierno quien se comprometió a suspender este tipo de prácticas.

Investigar este tipo de hechos nada tiene que ver con la idoneidad funcionaria, como erróneamente se ha señalado. Estamos frente a un caso donde se pagaron 200 millones de pesos repartidos entre sólo 9 funcionarios, lo cual es a mi juicio absolutamente excesivo.

Lily Pérez San Martín

Diputada