sábado, 11 de julio de 2009

TRÁFICO DE INFLUENCIAS = CORRUPCIÓN


El despido “con elástico” que afectó al sobrino de la Presidenta Bachelet

Sebastián Jeria, fiscalizador del Servicio Agrícola y Ganadero, se peleó con su jefa directa. Fue amonestado y reubicado en la dirección regional del SAG. Luego se le cambió su calidad de funcionario -con los beneficios que implica- a la de "honorarios". Según fuentes del organismo, llamados de la ministra de Agricultura, Marigen Hornkohl, consiguieron que todo volviera a fojas cero. También, afirman, hubo contactos de la madre de la Mandataria, Ángela Jeria. Las acusaciones fueron negadas de manera tajante. Pero la resolución con el término del contrato del profesional fue "retirada" de Contraloría.


El sobrino de la Presidenta Michelle Bachelet, Sebastián Jeria, se desempeñaba hasta hace algunos meses como fiscalizador del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en la sección de Control Fronterizo del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Eso, hasta que Jeria cuestionó a su jefa directa Ximena González un procedimiento de revisión estándar frente a los pasajeros que arribaban al terminal aéreo.

Algunos testigos dicen que Jeria actuó con falta de tino. Su superior Ximena González estimó el hecho de la mayor gravedad y lo denunció ante la directora regional, María Loreto Álvarez, no sin antes aplicarle una amonestación. Esta última, luego de escuchar los argumentos de Jeria, creyó la versión de González y se resolvió poner término al vínculo laboral en modalidad de contrata (que para los efectos reales le quita la calidad de un funcionario del SAG), siendo modificado con pago mensual "a honorarios", cuestión que implicaba, según fuentes del organismo, un virtual despido en el corto plazo.

El documento de finalización del contrato de Jeria, al cual tuvo acceso El Mostrador, fue enviado por el SAG a Contraloría para toma de razón, con el timbre del director nacional (s) del SAG, Óscar Concha Díaz, militante PPD cercano al ministro de Obras Públicas Sergio Bitar.

La resolución del organismo fiscalizador aprobando la desvinculación de Jeria se dictó el 19 de junio con el Nº 421. Sin embargo, la resolución "Pónese término a contar de la tramitación", permaneció en Contraloría por cerca de dos semanas. Jeria, en tanto, fue reubicado en la dirección regional del SAG, mientras se cumplían las formalidades legales de su modificación contractual, sin que se realizara un sumario administrativo, como manda la lógica del "debido proceso".


Teléfono rojo

En el SAG se aseveró que la ministra de Agricultura Marigen Hornkohl -superiora jerárquica de ese Servicio- hizo una llamada para impedir el término de contrato de Jeria y para que la resolución fuera retirada de inmediato del organismo fiscalizador, dirigido por Ramiro Mendoza.

El Departamento de Comunicaciones de la secretaría de Estado negó tajantemente esta versión. Según se indicó, Hornkhol desconocía los hechos consultados por este diario y jamás tomó el teléfono para intervenir. Sin embargo, el documento fue retirado de Contraloría para evitar que fuera tramitado en su totalidad.


Lazos de familia

Distintas fuentes del SAG aseguraron que también hubo gestiones para revertir la situación de parte de la madre de Michelle Bachelet, Ángela Jeria, debido a los lazos familiares que la unen con el afectado, lo que no pudo ser confirmado oficialmente. En términos reales, Sebastián Jeria volvió a la modalidad de contrata de la cual fue removido, como si nada hubiera pasado, manteniendo los beneficios que eso representa.

La situación llegó a oídos de la Asociación de Funcionarios del SAG, la que pidió explicaciones a la superioridad del organismo, respecto a por qué no se siguieron las formalidades de una investigación administrativa para establecer formalmente los hechos, sin que hasta ahora hayan recibido respuesta, dijeron fuentes de la agrupación sindical.

Este medio intentó obtener una versión del propio Jeria, quien contestó el teléfono pero declinó referirse al tema indicando que existen instancias superiores para ello. Igual reacción tuvo su ex jefa Ximena González, al ser contactada en su oficina del aeropuerto.


"Mutuo acuerdo"

Al tratar de hablar con el director del SAG, Víctor Venegas, se indicó que se encontraba afectado por una enfermedad pasajera. De esta manera, fue el jefe de comunicaciones, Manuel Daniels, quien entregó la versión oficial. Daniels reconoció el "impasse" ocurrido entre Jeria y González. Bajándole el perfil, explicó que luego del altercado, hubo un común acuerdo entre ambos para que Jeria fuese reubicado en la dirección regional del SAG, y para modificar su vínculo laboral desde la contrata a honorarios.

En ese sentido, Daniels manifestó que efectivamente se dictó una resolución de término de relación contractual de Jeria con el organismo, para el solo efecto de cambiar de la calidad de funcionario a empleado.

"Se le trasladó desde el aeropuerto a la Dirección Regional. Ésta es una decisión administrativa. Al ser reubicado no había cupo en la contrata, pero en ese intertanto estuvo a honorarios, pero manteniendo el mismo sueldo", ahondó.

-¿Pero nunca hubo un decreto que terminara su contrato?

-Al cambiar la modalidad de contrata debe existir un término de contrato, pero mantuvo la continuidad, pero con otras características de beneficios.

-¿Y cuál se su situación actual?

-El vuelve a la contrata.

-¿Se le hizo un proceso sumarial por el impasse con su jefa en el Aeropuerto?

-No, porque es una situación que trató él con la directora metropolitana. Conversaron y hubo mutuo acuerdo. Y finalmente se resolvió esto otro. Es decir, vuelve a su situación original.

El Mostrador trató de conversar con el presidente de la Asociación Nacional de funcionarios del SAG, René Arizmendi, pero nunca contestó los llamados.


lunes, 27 de abril de 2009

SUBTEL.... PARA NO OLVIDAR

Lily Pérez (RN) denuncia "millonarios" pagos por honorarios en Subsecretaría de Telecomunicaciones.

Parlamentaria exhibió decretos del Ministerio de OO.PP. que otorgan $ 200 millones a 9 funcionarios de planta. Beneficiados habrían recibido "injustificadamente" tareas que podían ser hechas por el personal de planta o por ellos en sus funciones habituales.

Tras advertir que "sólo es un indicio de una mala práctica que continúa ocurriendo en una administración pública", la diputada RN Lily Pérez denunció "millonarios" pagos por honorarios en la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Según los antecedentes entregados por un funcionario del Ministerio de Obras Públicas que se puso en contacto con la parlamentaria, habría una veintena de casos de personas que recibieron honorarios sin justificación.

Mostrando los decretos de cada uno de ellos, la diputada advirtió que los montos involucrados alcanzan a $ 199 millones 530 mil, entre octubre de 1999 y diciembre de 2001.

Destacó que la denuncia sólo alude a lo ocurrido en una de las dos subsecretarías, en un solo ministerio, en 18 meses, y que si se tiene en cuenta lo acreditado hasta comienzos del 2000 -durante la denuncia sobre honorarios que investigó la Cámara- "hay razones para suponer que la situación se extiende a otros organismos públicos". Por esto, dijo, remitió oficios a la Contraloría para investigar cuánto se extiende esa situación.

Añadió que la práctica de suplementar a personal de planta con honorarios parece mantenerse en una proporción importante, pese a las prevenciones realizadas en su momento por la Contraloría. Y recordó que hace dos años esa institución pidió recortar en 50 mil los puestos a honorarios, que se justificaran tales contrataciones y se acreditara si se realizaron los trabajos encomendados. "No se trata de terminar con la contratación a honorarios, porque son necesarios -aunque deben hacerse en un plazo de tres meses, para una tarea específica y con una rendición de cuentas- sino que se trata de favorecer una real modernización del Estado", manifestó.

Según la diputada, muchas de las tareas podrían haber sido realizadas por los mismos funcionarios en sus actividades contractuales normales. Y a algunos se les dieron responsabilidades pagadas en áreas en que no parecen debidamente calificados.

Entre los casos aportados por el denunciante, mencionó el del jefe de gabinete de la subsecretaría, "el egresado de Derecho" Fidel Enrique Canales, funcionario de planta grado 3. Como trabajo asignado en un decreto de abril del 2000, firmado por el subsecretario Christian Nicolai, figura la fiscalización de telecentros comunitarios, durante un año, por $ 11 millones 950 mil. El mismo recibió un aumento de casi $ 3 millones por sobre ese monto, en agosto de ese año, para efectuar esa tarea. El 2001, pagaron a Canales otros $ 22 millones por una asesoría legal para la adecuación de normas legales a Internet. Todo ello, al margen de su propio sueldo.

Mencionó también la situación del jefe de División de Concesiones, con grado 4 en la escala única de sueldos, Edgardo Mimica Miranda. Por proponer un marco técnico económico para "nuevos servicios de telecomunicaciones" y por asesorar en una tarea ambigua, que no especifica el decreto, recibió $ 22 millones entre octubre del 2000 y diciembre del 2001. Aunque es ingeniero civil, "no hay antecedentes de que sea especialista en telecomunicaciones".

En tanto, el técnico en administración de empresas Héctor Escobar Gárate, jefe de la División de Administración y Finanzas - grado 4 de la escala única- , por la labor de "revisar discursos y coordinación de actividades", en el mismo horario en que debiera desempeñar sus funciones habituales, recibió $ 9 millones 836 mil durante todo el año 2000, y otros $ 22 millones 250 mil durante el 2001.

El abogado Jaime Prado Berger, Jefe de la División Jurídica, también en grado 4, recibió $ 10 millones durante el año 2000 por el "desarrollo y creación del escenario jurídico adecuado para la acción de nuevos instrumentos regulatorios" de nuevos servicios de telecomunicaciones. Durante el 2001, recibió $ 21 millones 144 mil por el mismo concepto, es decir, "tareas relacionadas con su función profesional y pagadas al margen de su sueldo".

Lily Pérez mencionó que la denuncia del funcionario señala también pagos que benefician a otro abogado, dos ingenieros civiles industriales, un ingeniero civil eléctrico, un ingeniero comercial, un ingeniero civil electricista y un "licenciado en Ciencias de la Ingeniería", a los que mediante nueve decretos emitidos en diversos momentos se les asignaron funciones que podría cumplir la planta normal del organismo.

Concluyó que el compromiso anunciado por la Concertación hace dos años no se ha cumplido pues se mantienen situaciones en que se suplementan sueldos, existen incompatibilidades de cargos, ingresos de personas por razones políticas o asignación de responsabilidades a personas no idóneas.

"La Segunda" buscó una reacción del Subsecretario de Telecomunicaciones, Christian Nicolai. Sin embargo, sus asesores señalaron que se referirá a ella posteriormente, cuando reúna los antecedentes específicos.

Diario "La Segunda" - Jueves 21 de marzo de 2002



Pago de Honorarios
Lunes 25 de marzo de 2002
Subsecretaría de Telecomunicaciones

Señor Director:

En relación con declaraciones formuladas por la diputada RN Lily Pérez (21-III), en las que hace referencia a supuestas irregularidades en el pago de honorarios y a una supuesta falta de idoneidad profesional de funcionarios de la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es necesario precisar lo siguiente:
1. Los contratos mencionados por la diputada fueron debidamente sometidos al control de legalidad de la Contraloría General de la República.

2. No es efectivo, como insinúa la diputada, que en esta Subsecretaría se pague, a persona alguna, dos veces por el mismo trabajo.

3. Lo aseverado por la diputada, en cuanto a la idoneidad de los funcionarios aludidos, demuestra desconocimiento e, independientemente de su intencionalidad, afecta injustamente la dignidad de estas personas, que constituye el principal activo que ellos tienen. Baste señalar que entre los cuatro funcionarios aludidos directamente hay un master en Políticas Públicas de Harvard, un doctor en Jurisprudencia y un candidato a magister en Derecho Público. Por otra parte, dos de los aludidos llevan más de cinco años como funcionarios destacados del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

4. El trabajo contratado ha sido realizado en forma efectiva en cada caso, tanto en su contenido y forma como en lo que se refiere a su oportunidad y calidad, lo que está debidamente avalado por los correspondientes informes u otros productos comprometidos en los contratos.

Subsecretaría de Telecomunicaciones



Honorarios en Subsecretaría
Miércoles 27 de marzo de 2002
Lily Pérez San Martín


Señor Director:

En respuesta a la carta (25-III) firmada por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, me permito precisar:

Hay un reconocimiento expreso de que efectivamente se pagaron los honorarios cuestionados. Del mismo texto se desprende que las tareas asignadas pudieron haber sido ejecutadas por los mismos funcionarios de planta, evitándose así el pago. Hay que recordar que se trata de honorarios millonarios que fueron entregados sin concurso alguno, a los mismos funcionarios de planta que tienen categoría de Jefes de Servicio, y que por lo tanto cuentan con un buen nivel de remuneraciones.

La denuncia ha tenido por objeto dar mayor transparencia al sistema, solicitando que se otorguen estos honorarios a través de concursos públicos; y segundo, que se les dé prioridad a otros profesionales igualmente capacitados para cumplir eficientemente este tipo de labores. Esta acusación, sólo la punta del iceberg, fue citada como un ejemplo de una práctica habitual incorporada por la Concertación en todos y cada uno de sus ministerios, a pesar de que en su oportunidad fue el propio Gobierno quien se comprometió a suspender este tipo de prácticas.

Investigar este tipo de hechos nada tiene que ver con la idoneidad funcionaria, como erróneamente se ha señalado. Estamos frente a un caso donde se pagaron 200 millones de pesos repartidos entre sólo 9 funcionarios, lo cual es a mi juicio absolutamente excesivo.

Lily Pérez San Martín
Diputada

MOP... ¿SÓLO "IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS"?

Chevesich condena a ex directivo MOP por "pedida" a empresario para pagar sueldos.

Magistrada condenó a 541 días de presidio a un ex directivo de la Coordinadora de Concesiones del ministerio de OO.PP. por exigirle a empresario español pagos por concepto de honorarios.
Una condena de 541 días de presidio impuso la jueza Gloria Ana Chevesich a un ex directivo de la Coordinadora de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas por las gestiones que realizó en 2001 para obtener que una empresa privada pagara las remuneraciones de once integrantes del equipo de profesionales y técnicos de esa repartición, entre los cuales estaba Enrique Paris Horvitz, quien posteriormente se desempeñó como jefe de gabinete del ex presidente Ricardo Lagos.
La sentencia sanciona al ingeniero civil Julio Efraín Toro Cepeda (42 años) como autor del delito de exacción ilegal, quien en la época de los hechos era coordinador de Desarrollo y Gestión. Con este fallo, la magistrada termina otro de los episodios de anomalías que indaga en las operaciones del MOP.

Lunes 23 de Julio de 2007
Fuente: La Segunda Internet